Feijóo promete a las asociaciones de víctimas de ETA derogar la Ley de «Memoria» de Sánchez y Bildu

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido personalmente ante las principales asociaciones de víctimas de ETA a derogar la llamada Ley de «Memoria Democrática», pactada entre Pedro Sánchez y Bildu, en cuanto llegue a La Moncloa.

Feijóo ha mantenido este jueves en el Congreso de los Diputados una discreta reunión con estas asociaciones. El encuentro, que no estaba previsto en agenda, se ha llevado a cabo el mismo día en que el Pleno vota la Ley de «Memoria Democrática». Según fuentes presentes en la cita, Feijóo ha escuchado atentamente todas sus reivindicaciones y se ha comprometido también a estudiarlas en los próximos meses.

Fuentes del PP han explicado que este encuentro se ha celebrado en el marco del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y su intención era que fuese «una reunión discreta y no mediatizada en un momento que no es fácil para ellos ni en lo personal ni en lo anímico» tanto por el aniversario como por la norma de Sánchez y Bildu. Se trata del primer encuentro de Feijóo con las asociaciones. En el partido se han mostrado satisfechos de que la «inmensa mayoría» de colectivos se sienten con el presidente del PP recordando que algunas no asistieron al acto organizado el domingo por el alcalde de Ermua «para no coincidir con Pedro Sánchez».

Las asociaciones han valorado de manera muy positiva el encuentro y la diferencia que supone con Pedro Sánchez quien, en cuatro años de mandato, no ha recibido nunca a las víctimas. Entre otras medidas concretas se ha abordado también la persecución a los jefes de ETA, la consideración de los crímenes como de lesa humanidad -lo que permitiría que no prescriban- y la resolución de los asesinatos que aún siguen impunes.

En este sentido, el PP tiene registrada una iniciativa en el Congreso en la que se hace «un llamamiento a las autoridades competentes en España, Europa y resto del mundo a investigar, esclarecer y hacer justicia a todas las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por ETA y su entorno violento, persiguiendo a todos los autores materiales, inductores o responsables de la organización criminal que tanto sufrimiento ha causado en España y Francia».

Asimismo, el principal partido de la oposición solicita «que se eviten los homenajes a etarras» y que «los beneficios penitenciarios a los presos de ETA se condicionen a la colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los 379 asesinatos impunes».

Una veintena

En el encuentro han participado más de una veintena de asociaciones de víctimas del terrorismo, pese a haber sido convocadas con apenas 48 horas de antelación.

Precisamente, este mismo jueves, Feijóo se ha mostrado muy crítico con la norma del Ejecutivo y ha advertido de que Bildu, que es «coautor» de esta ley, «ni siquiera condena los asesinatos» de ETA. «Así no se construye sino que se destruye», ha enfatizado en una entrevista en Telecinco, en la que ha avisado que «Ley Bildu» es «un retroceso en las libertades y en la democracia española».

El presidente del PP ya ha venido asegurando estos días que, en cuanto gobierne, derogará esta norma y ha afirmado que trabajará para conseguir «también los votos del próximo PSOE» para que «juntos restablezcan la memoria y la justicia». Así lo avanzó ya Feijóo este sábado, en la clausura de la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco, que se celebró en la localidad vizcaína de Ermua.

En el acto, en el que también participaron el ex presidente José María Aznar y Mari Mar Blanco, hermana del edil asesinado por ETA en julio de 1997, el líder del PP destacó que las asociaciones y familiares de las víctimas siguen «luchando aún hoy» contra el olvido del «horror más salvaje». «Hoy más que ayer y hace un par de años. Las familias mantienen vivo el recuerdo de sus allegados pero también esgrimen el escudo de verdad. En tiempos de relatos artificiales, su verdad vencerá. Ellos no se rinden», enfatizó.

Polémica

La llamada Ley de «Memoria Democrática» ha sido muy criticada por las asociaciones de víctimas de ETA por el papel decisivo que otorga a Bildu. Los votos de la formación proetarra serán determinantes para que Pedro Sánchez pueda sacar adelante una de sus normas estrella. El texto, que se aprueba este jueves en el Congreso, pasará ahora al Senado antes de su aprobación definitiva que, previsiblemente, se producirá en septiembre.

Uno de los puntos más polémicos -fruto del acuerdo con Bildu- es el que amplía el alcance de la ley hasta 1983, es decir, cinco años después de la Constitución. Sánchez ha pactado con el partido de Otegi la creación de una «comisión técnica» que realizará un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983». Ese estudio deberá recoger «posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo».

Además, el Gobierno ha pactado también con Bildu la creación de una comisión estatal independiente de carácter académico para «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura». Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma «objetiva e imparcial».

En otra enmienda, el Gobierno ha acordado declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia.

Además, se recoge también la «represión y persecución» cultural y lingüística del franquismo, declarando «víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega».